CP de Piura: La Corte Suprema hunde a la Comunidad Campesina de Castilla

piura-la-corte-suprema-hunde-a-jpg_604x0La demanda que promovió la municipalidad distrital de Castilla, ubicada en la región Piura, contra la Comunidad Campesina de dicho distrito terminó con la disposición definitiva de nulidad de las inscripciones registrales de la comunidad campesina sobre más del 90% de la zona urbana del mencionado distrito.

La Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema declaró infundados los recursos de casación (revisión), planteados por la comunidad campesina y Teófilo Segundo Vásquez Gervasi, contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de Piura, del 20 de noviembre del 2013, que a su vez confirmó el fallo del Primer Juzgado Civil de Piura.

La municipalidad de Castilla planteó la demanda judicial para que se declare la nulidad de la ficha registral N° 9186 y las doce partidas electrónicas, desde la 11017182 hasta la 11017186 y desde la 11017188 a la 11017194, del Registro de Propiedad Inmueble de Piura, así como de los asientos y títulos literales que se encuentran inscritos en las mismas, a favor de la Comunidad Campesina de Castilla.

Para sustentar el petitorio, la demandante señala que en el 2000 el registrador público César Genaro Milla Ormaeche, integrante de la Comunidad Campesina de Castilla, inmatriculó a favor de esta última, en la ficha registral No. 9186 del Registro de Propiedad Inmueble de Piura, un terreno de 106 mil 625.08 hectáreas, a partir de la cual se han independizado con posterioridad las doce partidas registrales aludidas.

Pero, esta inmatriculación fue realizada presuntamente de manera ilegal, puesto que en ella quedaron comprendidas el cercado de Castilla, la urbanización Miraflores, áreas públicas, centros poblados y propiedades inscritas a favor de terceros.

De esta forma, se infringió la Ley No. 24657, vigente entonces, que establecía que los centros poblados o asentamientos existentes al 31 de octubre de 1993 no podían ser considerados tierras comunales.

Por ello, el Primer Juzgado Civil de Piura, primero, y la Segunda Sala Civil de Piura, después, declararon nula y sin valor ni efecto legal alguno la ficha registral No. 9186, dejándose a salvo el derecho de la Comunidad Campesina de Castilla a la titulación de las tierras comunales que realmente le pudiera corresponder, previa determinación de las mismas, acorde al procedimiento sobre la materia.

También declararon nulas y sin valor ni efecto legal alguno, las partidas registrales desde la 11017182 hasta la 11017186 y desde la 11017188 hasta la 11017194 del Registro de la Sunarp.

Pero, la demanda fue declarada improcedente en el extremo referido a la nulidad de títulos literales de dominio de la Comunidad Campesina de Castilla.

LA VOTACIÓN. La Sala de Derecho Constitucional declaró -por mayoría- infundados los recursos de casación contra la sentencia de la Sala Civil de Piura, con los votos de los jueces supremos Janet Tello Gilardi, presidenta; Ricardo Vinatea Medina, Segundo Morales Parraguez y Diana Rodríguez Chávez, mientras que el voto en singular correspondió a Silvia Rueda.

Los primeros cuatro jueces consideraron que en las sentencias de segunda y primera instancia no se vulneraron los principios de congruencia y debida motivación, ni otras normas jurídicas, como alegaban los representantes de la comunidad campesina y Vásquez Gervasi.

“Se acabó la ficción jurídica de algunos malos directivos de la comunidad con otros malos funcionarios de la Sunarp, que inscribieron malamente gran parte, el 90% y más de la zona urbana de Castilla, como tierras de la comunidad. Se acabó la ficción, según lo dispuesto por la Corte Suprema y los juzgados que han visto ese caso”, dijo el procurador municipal de Castilla, Martín Sipión.

El funcionario precisó que se ha anulado la inscripción registral. “No es que no tengan derechos de propiedad, sí los tienen, por los títulos que exhiben desde Cura Mori, desde la época virreynal, pero también la sentencia está estableciendo claramente que las zonas urbanas no pueden ser materia de titulación a favor de comunidades campesinas”, enfatizó.

Esto, ni en la época en que se inscribieron las 106 mil 625.08 hectáreas, entre el 2000 y 2004, ni en la época en que se dio la Ley de Titulación de Tierras, que marcaba cuáles eran los procedimientos y las tierras que podían titularse a favor de la comunidad, agregó

Dijo que este es el motivo fundamental, entre otros, porque hay motivos más de trámite administrativo, por el que se anula la inscripción.

“El criterio que siempre han expresado los integrantes de la comunidad, de que eran propietarios de esas tierras, ya quedó sin piso. A lo que ellos pueden aspirar es solamente a las tierras eriazas y las tierras eriazas con proyección agrícola, que no son parte de la expansión urbana. También las tierras agrícolas que están cultivándose y que tienen fines agropecuarios y las zonas eriazas que tengan posibilidad de ser agrícolas. No las zonas eriazas que están dentro de los planes de crecimiento de la ciudad”, resaltó.

En cuanto a los títulos exhibidos por la comunidad, expedidos en la época virreynal, dijo que no se ha discutido si son títulos válidos o no.

Por eso, ni el juzgado ni la sala civil han acogido la pretensión de nulidad de tales títulos literales de dominio, explicó Sipión Rodríguez.

“Esos títulos, en su momento, cuando la comunidad quiera inscribir nuevamente, allí se podrá discutir”, agregó.

Remarcó que los terrenos del terminal terrestre, mercado, excárcel y otros, no son de la comunidad campesina.

“Voy a apurar el expediente para que venga a Piura y el juzgado remita la resolución a Registros Públicos para que anule las inscripciones que tienen que ver con la comunidad, en la partida matriz 9186 y todas las partidas que se desprendieron de ella”, dijo.

“Ahora vamos a inscribir en la Sunarp, a favor de la municipalidad, los predios en litigio y vamos a poder hacer proyectos de inversión en el terminal terrestre, excárcel , mercado y otros”, dijo el alcalde de Castilla, Luis Ramírez.

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